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El campo argentino: de la súper cosecha a las fumigaciones prohibidas

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Un fallo del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo prohibió el uso de productos fitosanitarios en zonas cercanas a tres barrios dentro del Partido de Pergamino e imputó a cuatro productores agropecuarios por incumplir en reiteradas ocasiones las normativas vigentes. Pergamino y varias ciudades de Entre Ríos siguen de cerca estos temas en la justicia. ¿Qué se puede hacer para regular? ¿Existe legislación vigente? La importancia de realizar un correcto análisis de un tema que es clave para la agroindustria y por lo tanto, importante para la economía argentina.

Pergamino es una ciudad agrícola por excelencia. Está ubicada en el interior de la provincia a tan solo 222 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene los encantos del interior bonaerense pero también la impronta de una ciudad pujante, apalancada por la fertilidad de sus tierras, que se encuentran entre las más cotizadas de Argentina. Por ese motivo, se instalaron en los últimos años cientos de establecimientos vinculados a la agroindustria

En definitiva, la mejor descripción que podemos encontrar de ésta ciudad es que en 1997, a través del decreto 190/97 fue declarada Capital Nacional de la Semilla, con lo que eso representa.

Un fallo judicial reciente mantiene en vilo a gran parte del sector agroindustrial, no solo de Pergamino sino de toda la Argentina, incluyendo a empresarios, funcionarios, cámaras y asociaciones de productores.

Pasaron muy pocos días desde que el propio presidente Mauricio Macri considerara en su paso por Gualeguaychú, Entre Ríos, como “irresponsable” otro fallo de la Justicia que condiciona la fumigación con fitosanitarios a menos de 100 metros de las escuelas y amplía esa franja a 1000 metros.

En San Nicolás, desde el Juzgado Federal Nº 2, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo ordenó la suspensión urgente de la aplicación de varios productos químicos en campos que rodean tres barrios de Pergamino donde según la justicia hay varios casos de adultos y niños con problemas de salud y enfermedades sin diagnóstico. El juez, además imputó a cuatro productores agropecuarios por determinar que incumplen reiteradamente las disposiciones vigentes en cuando a la aplicación y uso de fitosanitarios y también envió un exhorto al Municipio de Pergamino para que garantice la potabilidad del agua en los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida.

Pergamino en el centro de la polémica

Según la investigación, se comprobó que el nivel de agroquímicos en las napas superficiales desde las cuales se toma agua vía pozo, es superior al tolerado por el organismo humano.

“Se dispondrá la inmediata suspensión provisional de las aplicaciones de fumigaciones con plaguicidas, herbicidas, insecticidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos, sea mediante fumigaciones terrestres que contenga glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo”, explica el fallo.

En este sentido, la justicia menciona como productos prohibidos: Atrazina, Triticonazol, Metolaclor, Acetoclor, Clorpirifos, Glifosato, Imidacroplid, Desetil, 2.4D y “de los siguientes formulados: Roundup Full II, Roundup Max II, Roundup Ultramax“.

Según el fallo, las fumigaciones no están suspendidas para todo el partido, sólo lo están para las zonas adyacentes a los barrios involucrados, y pide que para el resto de los campos se establezca una zona de aplicación no menor a 600 metros de distancia de las viviendas.

Pero, ¿cuál es el origen de este fallo? Javier Martínez es el intendente de la ciudad y llegó al gobierno local con Cambiemos. Al enterarse de la resolución judicial, y siendo un tema de salud pública, pidió autorización para que la Autoridad del Agua (ADA), un ente provincial, tome intervención y evalúe la situación.

Un primer estudio indicó que había altos niveles de agroquimicos en el agua y por lo tanto le dio la razón a los vecinos. El trabajo fue realizado por especialistas del Conicet, del Inta- Balcarce y por Damián Marino, doctor en Ciencias exactas, especializado en química orgánica y referente del tema en la Universidad Nacional de La Plata. Marino explicó en innumerable cantidad de ocasiones que “estamos ante un modelo productivo desmadrado” que necesita un cambio y que “es el estado quién debe promoverlo”.

Por el contrario, el informe del ADA, al igual que otros estudios privados que solicitó Martínez, determina que lo encontrado está dentro de los parámetros permitidos. “Hace 40 años que se aplica glifosato, entre otros productos químicos, entonces es imposible no encontrar sus vestigios”. En este punto, el Intendente asegura que “esos resultados se ubican por debajo de lo permitido por organismos sanitarios nacionales e internacionales, como la OMS (Organización Mundial de la Salud). Por lo tanto, “la cuestión a resolver no es si hay o no residuos en el agua, sino cuáles son los límites tolerables en la salud humana“.

Martínez, aclaró además que “la discusión de las zonas de aplicación, amortiguamiento y exclusión no las puede definir un municipio” y que esto debe ser tratado en el ámbito nacional ya que “le queda grande el tema a un concejal, habiendo instituciones de renombre y prestigio científico en el país que pueden encarar estudios y trabajos más complejos”.

En paralelo y por el lado de la justicia, el juez Villafuerte Ruzo pidió un nuevo análisis al equipo de Toxicología de la Corte Suprema de la Nación que, a priori, estaría en desarrollo.

Desde la orbita provincial, el Ministerio de Agroindustria bonaerense intentó alinear las innumerables ordenanzas municipales con una resolución provincial, pero luego resolvió suspenderla para poder trabajar en forma precisa y detallada y a su vez optimizar las condiciones de operatividad con los municipios.

Los damnificados

Sabrina Ortiz es una de las denunciantes. Vive en el barrio Villa Alicia, muy cerca de los campos de soja por los que se fumiga con aeroaplicadores. Sufrió la pérdida de un embarazo en 2011 y diversos problemas de salud en su familia. Se constituyó en querellante, denunció a los productores que manipulaban “residuos peligrosos” – así lo explica Sabrina – y logró este fallo al que califica de positivo para la comunidad. Ella integra, junto a otras madres, la agrupación Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, que realizó varias protestas en la ciudad y logró que el municipio tomara intervención y analizara la calidad del agua.

Héctor Spagna es un vecino que nació y vivió toda su vida en las afueras de Pergamino. “A muchos les dijeron que las reacciones y problemas de salud eran debido a una alergia”, expresa. Convencido acerca de la vinculación entre las aplicaciones y distintas afecciones en la salud de la población y tras haber sufrido lo mismo en carne propia, asegura que “quedan resabios de los venenos que tiran” y describe que varios productores “tiran los envases en cualquier lugar y descartan afluentes en la vía pública”.

Los casos se repiten y las descripciones de lo que han vivido son escalofriantes.

Mientras tanto en Entre Ríos…

En la provincia las fumigaciones, tanto terrestres como aéreas, se judicializaron el año pasado. Luego de varias presentaciones y apelaciones, entre las cuales ambientalistas y sectores productivos buscaron justicia, el propio gobierno intentó “mediar” en el conflicto con regulaciones intermedias, sin embargo, fue la propia Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos quien ratificó un fallo que obliga al gobierno provincial a “respetar límites precisos para permitir fumigaciones en áreas rurales donde estén emplazados establecimientos escolares: la zona de exclusión es de 3.000 metros para pulverizaciones aéreas, y de 1.000 metros para pulverizaciones terrestres”.

La sentencia, firmada por el camarista civil Oscar Daniel Benedetto, condenó al Estado entrerriano y al Consejo de Educación “a que en el plazo de 2 años contados desde la presente procedan a implantar barreras vegetales a una distancia de ciento 50 metros de todas las escuelas rurales de la Provincia, con las especificaciones detalladas en los considerandos”. Y dispuso suspender “de inmediato las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones”.

Este fallo lo que indica es que no se puede aplicar ningún producto alrededor de un establecimiento educativo en una zona de 320 hectáreas en el caso de la fumigación terrestre y 2800 si la aplicación es aérea.

Según el Ing. Agrónomo Walter Feldkamp, quien además es Director de la Sociedad Rural Argentina en Entre Ríos, “el problema para el agro es que en la provincia hay 1095 establecimientos educativos, por lo tanto serían cerca de 300 mil las hectáreas en las que no se puede producir con dicho sistema, es decir gran parte del territorio entrerriano”. Esto dejaría en una situación compleja al gobierno desde el punto de vista productivo, económico y social.

Feldkamp recordó que “todos los productos que hoy son aplicados en el campoestán aprobados por SENASA” y que existe un trabajo encarado por las áreas de salud, producción, ambiente y desarrollo donde se intenta legislar al respecto y tratar el tema de fondo, encarado de manera multidisciplinaria. En la actualidad cada municipio o provincia regula obligado por la urgencia y eso deja muchos aspectos inconclusos que sólo generan daño a la sociedad, al conocimiento y a la actividad productiva.

¿Qué aporta la tecnología?

“Que vuelvan al arado” se escucha generalmente cuando desde alguna asociación ambientalista propone eliminar el uso de fitosanitarios, o como comúnmente se conoce a estos productos, agroquímicos. En este sentido, es importante aclarar que todos los productos que se utilizaron en la década del 50 o 60 eran de lo que se denomina “banda roja”, por lo tanto más peligrosos para la salud. Eso ocurrió incluso hasta los años 80, donde varios productores consultados aseguraron que en aquel momento hasta un 30% de los fitosanitarios eran banda roja. Hoy esa cifra llega al 5% y va en descenso.

Así como los productos fitosanitarios han ido mejorando y evolucionando, haciéndose más seguros y amigables con el ambiente, de la misma manera, las técnicas de aplicación han avanzado y se han ido tecnificando para lograr aplicaciones más eficientes cada día. Es por esto que, al momento de realizar una aplicación con productos fitosanitarios, es indispensable conocer las técnicas y tecnologías de aplicación que existen a fin de realizar la aplicación de la mejor manera posible. De lo contrario la aplicación podría no ser eficaz y generar la indeseada “deriva”, es decir las gotas que no quedan en el campo y que pueden generar efectos dañinos en el ambiente.

La aplicación de productos fitosanitarios hoy no la hace cualquiera. Se debe contar con alta tecnificación, conocer las tecnologías disponibles y fundamentalmente tomar las recomendaciones adecuadas que involucran estado de los vientos, temperaturas y humedad del ambiente. Sólo a modo de ejemplo, un desarrollo del INTA permite controlar esas variables y apagar automáticamente el motor de aplicación si las condiciones meteorológicas cambian.

Desde la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, que agrupa a las empresas del sector, trabajan en la capacitación de trabajadores del ámbito rural y en la toma de conciencia acerca de lo importante que son las buenas prácticas agrícolas para evitar situaciones de conflicto. En relación con lo ocurrido en Pergamino, Federico Landgraf, Director Ejecutivo de CASAFE precisó que “lo primero a tener en cuenta es la salud de las personas, por lo tanto la justicia estará contemplando los resultados de los análisis que presentaron los vecinos de Pergamino y si eso significa un problema para la salud, de inmediato deben realizar lo necesario para que los vecinos tengan agua potable”.

Landgraf pidió “que la justicia vaya a fondo en esto y si después de realizar estudios con los protocolos adecuados y las formalidades correctas, se detecta que hay fitosanitarios en el agua con limites por encima de lo permitido, se debe actuar rápidamente y buscar a los responsables, porque eso es una mala práctica y es algo que puede y debe evitarse”.

“Hay un rol indelegable, que es del Estado, que es quien debe controlar este tipo de cosas. Y como sociedad debemos trabajar en el uso responsable de fitosanitarios, por eso desde CASAFE realizamos esa tarea desde hace tiempo, incrementando las capacitaciones y avanzando para ser más efectivos en nuestro mensaje para productores y la sociedad civil. El rol del Estado y los municipios en el control es fundamental y los privados debemos trabajar junto con ellos en el uso responsable, para que los vecinos estén tranquilos que se están haciendo las cosas bien en el ámbito periurbano y por supuesto tengan condiciones de ambiente y salud adecuadas”.

Legislar, la cuenta pendiente

La doctora Edda Villaamil, que durante muchos años fue titular de la cátedra de Toxicología y Química Legal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, asegura que los porcentajes de residuos de plaguicidas encontrados en las muestras analizadas están muy por debajo de los límites permitidos por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y no existen estudios que determinen que, en esos valores, puedan representar un riesgo para la salud.

Villaamil advierte que no se ha podido establecer una relación entre los plaguicidas y algunas enfermedades graves o terminales. No es fácil diagnosticar para los médicos, aunque tampoco se ha sido responsable en este punto.

¿Puede haber ocurrido que durante muchos años, sin regulaciones o controles, se hicieran mal las cosas? Según Villaamil, los plaguicidas que se utilizan hoy en día tienen una vida muy corta en el ambiente. “Aún cuando se hayan usado con anterioridad, desaparecieron del ecosistema porque son moléculas que se rompen con facilidad”.

La especialista aclara que “ese no es el caso de los organoclorados que se usaron en los 60 y aún hay en los suelos ya que son altamente persistentes y todavía podemos encontrar DDT, lindano, endosulfan y otros, que cuando se utilizaban y aprobaron, no existía la batería de estudios previos que hoy se requieren para la aprobación; por eso se prohibieron oportunamente, porque con los años se comprobó que provocaban alteraciones”.

“Mi preocupación más grande es que la justicia y algunas organizaciones ambientalistas siguen criticando y poniendo el ojo en el glifosato cuando existen otras formulaciones peligrosas”, expresa Villaamil.

Sólo con esta afirmación queda claro que la cuenta pendiente está del lado de la legislación. Es necesario dejar atrás las regulaciones municipales o provinciales, independientemente de los esfuerzos que puedan hacer en este punto los ámbitos ejecutivos en cualquier estamento. La necesidad de contar con información confiable para luego tomar las decisiones adecuadas y legislar en consecuencia queda expuesta luego de lo ocurrido en Pergamino y en varias ciudades de Entre Ríos. Lamentablemente las urgencias electorales que cada dos años invaden al Congreso Nacional se transforman en un enemigo silencioso ya que hay muy pocos proyectos o rápidamente pierden estado parlamentario.

Son los legisladores nacionales quienes tienen la responsabilidad social y moral de tratar el tema, debatirlo, escuchar a los especialistas y lograr una Ley Nacional de Uso y Aplicación de Fitosanitarios para que de una vez por todas exista un marco regulatorio que castigue a quienes no lo cumplan y permita una producción sustentable, amigable con el medio ambiente y fundamentalmente con la sociedad

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Linda Barbara

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